ANÁLISIS DE LAS
PREGUNTAS DEL REFERÉNDUM Y DE LA CONSULTA POPULAR DE FEBRERO DEL 2018 EN
ECUADOR
1.
EL CONTEXTO HISTÓRICO
POLÍTICO Y ECONÓMICO
El punto de partida de todo análisis
del gobierno del Lic. Lenin Moreno debe partir de un hecho incontrastable: es
producto de un escandaloso fraude electoral, que fue demostrado por tres
matemáticos independientes en el momento mismo en que se “apagó” el sistema del
CNE; ellos demostraron que, con las cifras que se hicieron oficiales en el
momento del apagón, era matemáticamente imposible que se produjeran los
resultados que dieron ganador a Moreno. De manera que dicho ciudadano es un
usurpador y su gobierno es absolutamente ilegítimo.
El movimiento político que aupó a
Correa, lo mantuvo en el poder, disfrutó perversamente de su gobierno por diez
años, respaldó a Moreno en su campaña y lo puso de Presidente, está conformado
por una mixtura de tres tipos de sectores: primero varios movimientos y
agrupaciones, la mayoría de ellas con antecedentes de actuaciones clandestinas
y delincuenciales en el pasado[1];
segundo, “intelectuales” de supuesta ideología marxista o socialista pero que
han demostrado en su accionar durante diez años no tener la menor idea de lo
que aquella Teoría e ideología significan y, tercero, individuos oportunistas
que se identifican con todos los anteriores por un interés común: el
enriquecimiento personal y el disfrute obsceno de privilegios y canonjías.
Al poco tiempo de la proclamación de
los resultados fraudulentos, la mixtura de agrupaciones integrantes de AP
(Alianza País, Alianza de Pillos, Atraca País, o como a ustedes les guste), por
diferencias inconfesadas e inconfesables, se dividieron; unos se apresuraron a
subirse a la camioneta del licenciado, otros se aferraron a los faldones del
predecesor y no faltan quienes bailan en la cuerda entre los dos bandos.
La división fue, aparentemente,
beneficiosa para el país, pues posibilitó que se libere parcialmente el aparato
de justicia y se desvelen algunos negociados de los miembros de la facción
correísta. Cabe suponer que los de la otra facción no se conocerán, al menos
durante su dominio del aparato del Estado. Obviamente, la facción puesta bajo
la vindicta pública no podrá perdonar a sus antiguos compañeros de fatigas
delincuenciales.
Es en el marco de esa pugna, o sea
no en beneficio del país, que se plantea el referéndum y la consulta popular.
En un contexto en el cual, luego de conocerse unas pocas, pero repulsivas,
escandalosas y perversas fechorías del bando correísta, la población estará
contenta con cualquier cosa que enoje al jefe de esa facción de la banda; lo
que augura un triunfo del SÍ en la consulta.
De darse lo anterior, el triunfo del
SÍ, muy probablemente el Licenciado se sentirá respaldado, creerá que su posición
como Presidente ha sido legitimada y pensará que queda autorizado para lanzar
sobre la espalda de los ecuatorianos algunas medidas económicas que aumenten
sus penurias; de manera que más vale reflexionar sobre el asunto con cuidado,
ya que, en mi criterio este referéndum es una trampa que busca, en último
término, los efectos indicados en este párrafo.
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DEL
REFERÉNDUM
1.
“¿Está usted de acuerdo con
que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que sancione
a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para
participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes?”
Como fácilmente se puede leer, es una pregunta de
respuesta afirmativa obvia, aunque contiene una trampa. En efecto, solamente
aquel delincuente que sea “condenado” será sancionado, lo que implica que si,
como ha ocurrido en los diez últimos años en el Ecuador, el delincuente
controla tanto el aparato judicial como el legislativo, no sólo que no se
producirá ninguna condena, sino que nunca se conocerán los actos de corrupción.
Además, el
aparato judicial del Ecuador es altamente deficiente, está sujeto a tantas
presiones políticas y es susceptible de sobornos, los abogados son
especialistas en enredar las cosas hasta el infinito, los trámites son lentos,
engorrosos e interminables, hay la posibilidad de múltiples apelaciones y re
apelaciones, etc., etc., que la condena definitiva se producirá cuando el
delincuente ya haya fugado del país o muerto o, como Fujimori y Pinochet, esté
tan “viejito” que dé lástima y mejor sea perdonarle.
Lo adecuado, correcto y sincero habría sido que se
pregunte si el sujeto DENUNCIADO (obviamente con pruebas) por actos de
corrupción debe ser inmediatamente inhabilitado para ejercer cargos públicos y participar
en la vida política del país, y deben ser congelados sus bienes. Es de advertir
que la pregunta solamente propone que el delincuente sea inhabilitado para “participar
en la vida política del país”, o sea que puede seguir siendo ministro, gerente
de una empresa pública o privada, etc.
En síntesis, la respuesta afirmativa es obvia, pero la
pregunta es tramposa y engañosa y sus resultados casi inútiles. Lo que revela
la poca decencia del interrogador.
2.
“Para garantizar el principio
de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la
República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan
ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de
la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida
aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015?”
Esta es una pregunta incluida con dedicatoria al jefe de
la facción de la banda desalojada del poder, o sea que es una pregunta que
quiere hacer pendejos a los ciudadanos.
Sin embargo, nuevamente, es una pregunta de respuesta
afirmativa obvia, aunque, según nos enseña la experiencia milenaria de la mal
llamada democracia en el mundo es, nuevamente, engañosa, y se aprovecha de la
ignorancia histórica de la mayoría de los ciudadanos. En efecto, la historia
nos demuestra que cuando la autoridad que cesa en sus funciones es reelecta de
inmediato, tiene tiempo para ocultar sus fechorías y su segundo mandato es una
tragedia. En consecuencia, lo correcto es que, en el mejor de los casos, a las
autoridades de elección popular solamente se les debería permitir eventualmente
ser reelectas pasado un período de su mandato, lo que permite al nuevo gobierno
fiscalizar al anterior. En cambio, la fiscalización del primer período de un
gobernante reelecto que termina no se hace nunca.
Además, y fundamentalmente, la reelección de las
autoridades es un mecanismo encaminado a imposibilitar la práctica de una
verdadera democracia y a estimular el culto de la personalidad del caudillo de
un partido político de mentira, en el que si desaparece su líder desaparece el
partido, como ocurrió con el Partido Velasquista, el Partido Liberal, el
Conservador, la Izquierda Democrática, etc., etc. En cambio, una verdadera Democracia debe
estar sustentada en una Política de Estado para el largo plazo (15 a 25 años),
es decir que trascienda a una administración; de manera que no importe el
sujeto que gobierna, ya que cualquiera que lo haga debe estar OBLIGADO a cumplir de manera irrestricta dicha
política, y no hacer de su administración un negocio para su partido o los
miembros de su banda. Lo correcto es que los ciudadanos elijan una Política, no
una persona.
3. “¿Está usted
de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para
reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como
dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el
Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el
desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser
el caso, anticipar la terminación de sus periodos?”
Esta pregunta es, nuevamente, engañosa, primero porque no
es una sola, o sea que no se puede dar una sola respuesta y, segundo porque,
nuevamente, quiere hacer pendejos a los ciudadanos, como paso a demostrar. En
efecto, contiene tres preguntas y varios problemas:
3.1. “Reestructurar al
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”. No especifica cómo se lo
reestructuraría, lo que deja librada esa acción a la voluntad del Licenciado. Y
el problema de la conformación de ese Consejo es que el jefe de la banda
anterior intervino perversamente en las organizaciones sociales y populares y
las compró, con lo cual realmente quien elegía a las autoridades era dicho jefe
de banda. De manera que primero hay que devolver aquellas organizaciones
sociales a sus verdaderos dueños, y si se lo hace así, se puede dejar que el
Consejo funcione tal como lo estableció la Constitución. Así que la primera pregunta
(de las tres) es engañosa.
3.2. “dar por terminado el
periodo constitucional de sus actuales miembros”. Como se indicó en el párrafo
anterior, los actuales miembros de ese Consejo son unos simples títeres del
anterior jefe de la banda, no son seres humanos auténticos, por lo cual no
solamente que deberían ser destituidos sino encarcelados.
3.3. “Que el Consejo que asuma transitoriamente
sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya
designación le corresponde”. Primero, ¿quién nombrará a ese Consejo
transitorio? ¿El Licenciado? Segundo y fundamental, esto equivale a prescindir
de la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía General del Estado, que
son las entidades encargadas de evaluar, fiscalizar, controlar y enjuiciar a
las autoridades nombradas por aquel Consejo. Además, quien nombra a esas autoridades no puede ser juez y parte;
si el Consejo las nombró, el mismo es responsable de las actuaciones de sus nombrados
y, por lo tanto, si estas deben ir a la cárcel, los miembros del Consejo también.
En síntesis: a estas tres preguntas, confundidas en una
sola, yo respondería: NO. A este problema hay que enfrentarlo de la manera
integral indicada.
4. “¿Está usted
de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que
nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes?”
Por supuesto que SÍ, pero, ¿por qué no termina la
pregunta con las palabras “delitos sexuales”? ¿O sea que el Licenciado piensa
que los delitos sexuales en contra de mujeres maduras, e incluso hombres, deben
tener un tratamiento diferente? TODOS los delitos sexuales deben ser juzgados
mediante procedimientos sumarísimos, expeditivos (con eficacia y rapidez); y el
castigo debe ser ejemplarizador e inmediato, nada de cárcel, yo no descartaría
los castigos que se practicaban en el medioevo o la justicia indígena Andina.
En estos mismos
días, después de meses de juicios y averiguaciones, el “profesor” autor de la
violación de un niño en el “famosísimo” Colegio de La Condamine, (ahora va a
ser famoso por ser reducto de violadores) el mismo que defendió al violador
movilizando a padres de familia y profesores; que motivó la intervención de la
“primera dama” (denominación estúpida) en defensa del violador; al que auxilió
el esposo de la anterior y jefe de la banda gobernante disponiendo que su
abogado personal lo defendiese, ha sido condenado de manera definitiva, ¡PERO
YA SE FUGÓ DEL PAÍS! Así que el juicio debe ser sumarísimo y el castigo
inmediato y definitivo, imposibilitando físicamente al violador a que vuelva a
cometer ese delito, y de manera de advertir a posibles futuros violadores lo
que les espera.
De manera que
la pregunta está mal formulada y, paradójicamente, es incompleta. Pero no queda
más que responder SÍ.
5.
“¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del
Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus
etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?”
Pregunta incompleta, falta incluir los territorios de las
nacionalidades indígenas y campesinas. Pero mi respuesta será SÍ.
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS PARA
CONSULTA POPULAR
6. “¿Está usted
de acuerdo con que se derogue la Ley orgánica para evitar la especulación sobre
el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como “Ley de
Plusvalía?”
Pregunta tramposa, porque hace creer a la gente que toda
eliminación de impuestos va en su beneficio, lo cual de ninguna manera es
cierto; tan es así que en los países más civilizados del mundo los ciudadanos
pagan impuestos altísimos y están la mar de contentos; inclusive en uno de
ellos se desarrolló hace poco un referéndum para preguntar a los ciudadanos si
deseaban que se rebajaran los impuestos, y la respuesta masiva fue NO. El
problema no es que se paguen impuestos, sino que ese dinero no se lo roben los
gobernantes. Vamos a ver: si el Estado o Municipio o Consejo Provincial, con el
dinero de todos los ciudadanos honrados (porque los deshonestos no pagan
impuestos) construye obras de infraestructura o equipamientos sociales, y estas
–obviamente- benefician a los particulares produciendo como uno de sus efectos
el alza del precio del suelo; el margen del mismo correspondiente a la
construcción de esas obras debe revertir al Estado. En cambio, si un ciudadano
particular invierte en su propiedad, lo que hace que suba su precio, no hay
razón alguna para que pague impuesto sobre la plusvalía. Pongamos otro caso: en
un barrio que ya dispone de obras de infraestructura y equipamientos sociales
(por lo tanto los vecinos ya pagaron impuestos por ellas), los vecinos mejoran
sus viviendas, se derrocan casas de poco o ningún valor para construir
edificios con lo que se revalorizan todas las propiedades, el Estado no ha
intervenido en nada, por lo tanto no es justo, sino una exacción, el obligar a
esos ciudadanos a pagar impuestos sobre la plusvalía. De manera que el tema es
complejo y contiene múltiples circunstancias. Formular una sola pregunta
simplona sobre un tema tan complejo es tramposo e inmoral. Lo que justifica que
mi respuesta sea NO.
7. “¿Está usted
de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y
reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en
el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?”
Primero, ¡la redacción de la pregunta es pésima!
Nuevamente, no se enfrenta el problema sino que se lo
maquilla. Veamos: el problema se inició cuando el gamberro jefe de la banda
anterior quiso chantajear al mundo pidiéndole dinero a cambio de no explotar el
petróleo del Parque Nacional Yasuní. Era un vil chantaje, exactamente igual al
que hacían (o hacen) los mafiosos en Nueva York y otras ciudades del mundo al
exigir a los comerciantes que paguen dinero a cambio de no destruir sus
locales. Es así. La ciencia y el estado actual del ambiente en el mundo, con el
cambio climático irreversible, exigen dejar el petróleo, el carbón y el gas en
el subsuelo y no extraerlo. De manera que explotarlos es afectar a la vida de
todas las especies del Planeta. Pedir dinero para no hacerlo es un vil
chantaje. Como el mundo no se sometió al mismo, el gamberro decidió destruir el
Parque en su totalidad, con el pretexto de que con el dinero proveniente de la
explotación del petróleo iba a terminar con la miseria en el país, la cual más
bien se ha expandido, no sólo la miseria material sino la moral. Y afirmo que
se procedió a destruir el Parque en su totalidad porque jamás y en ningún sitio
ni época los efectos de la explotación del petróleo, del carbón y del gas
natural son localizados, no es así, entre construcción de carreteras,
oleoductos, derrames y emisiones, el área de destrucción es inmensa. De manera
que la actitud correcta es tapar los pozos ya perforados, levantar todas las
instalaciones, reforestar toda el área talada y abandonar el Parque para que
sea la naturaleza la que se encargue de recuperar el estado natural. No se
trata de una hectárea más o una hectárea menos, no, se trata de devolver a la
naturaleza y a los pueblos no contactados lo que les pertenece y que se les
robó de manera miserable.
Así que, en este caso, toca aplicar la sentencia popular:
“del lobo, un pelo”, y responder SÍ.
LAS PREGUNTAS QUE FALTAN
- ¿Considera usted, ciudadano,
que fueron fraudulentos los resultados de las elecciones del 2 de abril del
2017?
- ¿Está usted de acuerdo con
que se utilice su dinero para mantener una guardia de protección a un ciudadano,
el Sr. Rafael Correa Delgado?
- Si su respuesta a la pregunta
anterior fue NO, ¿Considera usted que el dinero que estoy empleando en mantener
esa guardia debo más bien utilizarlo en protegerle a usted?
- ¿Considera usted que debo
mantener empleados en la Embajada de Bélgica para servicio del ciudadano Rafael
Correa?
- ¿Me autoriza usted,
ciudadano, para seguir utilizando su dinero para esconder, alojar y proteger en
la Embajada del Ecuador en Londres el ciudadano Julian Assange, reclamado por
la justicia de su país, Suecia, para que responda por supuestos delitos
sexuales?
Leonardo
Miño Garcés. 2018-01-13.
NOTA:
El texto de las preguntas fue copiado, mediante Google, de la publicación del
Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/estas-son-las-preguntas-oficiales-para-el-referendum-y-consulta-popular-en-ecuador
[1] Todos o casi todos los integrantes de esos
movimientos, gracias a su apoyo a Correa lograron que el Estado les
“reconozca”, a cada uno, un millón de dólares de indemnización por haberlos
perseguido, encarcelado y hecho sufrir, sólo por haber cometido robos, secuestros
e incluso asesinatos; delitos supuestamente encaminados a la “liberación
nacional”.