jueves, 25 de enero de 2018

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR ECUADOR 2018

ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DEL REFERÉNDUM Y DE LA CONSULTA POPULAR DE FEBRERO DEL 2018 EN ECUADOR

1.     EL CONTEXTO HISTÓRICO POLÍTICO Y ECONÓMICO
            El punto de partida de todo análisis del gobierno del Lic. Lenin Moreno debe partir de un hecho incontrastable: es producto de un escandaloso fraude electoral, que fue demostrado por tres matemáticos independientes en el momento mismo en que se “apagó” el sistema del CNE; ellos demostraron que, con las cifras que se hicieron oficiales en el momento del apagón, era matemáticamente imposible que se produjeran los resultados que dieron ganador a Moreno. De manera que dicho ciudadano es un usurpador y su gobierno es absolutamente ilegítimo.
            El movimiento político que aupó a Correa, lo mantuvo en el poder, disfrutó perversamente de su gobierno por diez años, respaldó a Moreno en su campaña y lo puso de Presidente, está conformado por una mixtura de tres tipos de sectores: primero varios movimientos y agrupaciones, la mayoría de ellas con antecedentes de actuaciones clandestinas y delincuenciales en el pasado[1]; segundo, “intelectuales” de supuesta ideología marxista o socialista pero que han demostrado en su accionar durante diez años no tener la menor idea de lo que aquella Teoría e ideología significan y, tercero, individuos oportunistas que se identifican con todos los anteriores por un interés común: el enriquecimiento personal y el disfrute obsceno de privilegios y canonjías.
            Al poco tiempo de la proclamación de los resultados fraudulentos, la mixtura de agrupaciones integrantes de AP (Alianza País, Alianza de Pillos, Atraca País, o como a ustedes les guste), por diferencias inconfesadas e inconfesables, se dividieron; unos se apresuraron a subirse a la camioneta del licenciado, otros se aferraron a los faldones del predecesor y no faltan quienes bailan en la cuerda entre los dos bandos.
            La división fue, aparentemente, beneficiosa para el país, pues posibilitó que se libere parcialmente el aparato de justicia y se desvelen algunos negociados de los miembros de la facción correísta. Cabe suponer que los de la otra facción no se conocerán, al menos durante su dominio del aparato del Estado. Obviamente, la facción puesta bajo la vindicta pública no podrá perdonar a sus antiguos compañeros de fatigas delincuenciales.
            Es en el marco de esa pugna, o sea no en beneficio del país, que se plantea el referéndum y la consulta popular. En un contexto en el cual, luego de conocerse unas pocas, pero repulsivas, escandalosas y perversas fechorías del bando correísta, la población estará contenta con cualquier cosa que enoje al jefe de esa facción de la banda; lo que augura un triunfo del SÍ en la consulta.
            De darse lo anterior, el triunfo del SÍ, muy probablemente el Licenciado se sentirá respaldado, creerá que su posición como Presidente ha sido legitimada y pensará que queda autorizado para lanzar sobre la espalda de los ecuatorianos algunas medidas económicas que aumenten sus penurias; de manera que más vale reflexionar sobre el asunto con cuidado, ya que, en mi criterio este referéndum es una trampa que busca, en último término, los efectos indicados en este párrafo.

ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DEL REFERÉNDUM
1.     “¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes?”
Como fácilmente se puede leer, es una pregunta de respuesta afirmativa obvia, aunque contiene una trampa. En efecto, solamente aquel delincuente que sea “condenado” será sancionado, lo que implica que si, como ha ocurrido en los diez últimos años en el Ecuador, el delincuente controla tanto el aparato judicial como el legislativo, no sólo que no se producirá ninguna condena, sino que nunca se conocerán los actos de corrupción.
      Además, el aparato judicial del Ecuador es altamente deficiente, está sujeto a tantas presiones políticas y es susceptible de sobornos, los abogados son especialistas en enredar las cosas hasta el infinito, los trámites son lentos, engorrosos e interminables, hay la posibilidad de múltiples apelaciones y re apelaciones, etc., etc., que la condena definitiva se producirá cuando el delincuente ya haya fugado del país o muerto o, como Fujimori y Pinochet, esté tan “viejito” que dé lástima y mejor sea perdonarle.
Lo adecuado, correcto y sincero habría sido que se pregunte si el sujeto DENUNCIADO (obviamente con pruebas) por actos de corrupción debe ser inmediatamente inhabilitado para ejercer cargos públicos y participar en la vida política del país, y deben ser congelados sus bienes. Es de advertir que la pregunta solamente propone que el delincuente sea inhabilitado para “participar en la vida política del país”, o sea que puede seguir siendo ministro, gerente de una empresa pública o privada, etc.
En síntesis, la respuesta afirmativa es obvia, pero la pregunta es tramposa y engañosa y sus resultados casi inútiles. Lo que revela la poca decencia del interrogador.

2.     “Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015?”
Esta es una pregunta incluida con dedicatoria al jefe de la facción de la banda desalojada del poder, o sea que es una pregunta que quiere hacer pendejos a los ciudadanos.
Sin embargo, nuevamente, es una pregunta de respuesta afirmativa obvia, aunque, según nos enseña la experiencia milenaria de la mal llamada democracia en el mundo es, nuevamente, engañosa, y se aprovecha de la ignorancia histórica de la mayoría de los ciudadanos. En efecto, la historia nos demuestra que cuando la autoridad que cesa en sus funciones es reelecta de inmediato, tiene tiempo para ocultar sus fechorías y su segundo mandato es una tragedia. En consecuencia, lo correcto es que, en el mejor de los casos, a las autoridades de elección popular solamente se les debería permitir eventualmente ser reelectas pasado un período de su mandato, lo que permite al nuevo gobierno fiscalizar al anterior. En cambio, la fiscalización del primer período de un gobernante reelecto que termina no se hace nunca.
Además, y fundamentalmente, la reelección de las autoridades es un mecanismo encaminado a imposibilitar la práctica de una verdadera democracia y a estimular el culto de la personalidad del caudillo de un partido político de mentira, en el que si desaparece su líder desaparece el partido, como ocurrió con el Partido Velasquista, el Partido Liberal, el Conservador, la Izquierda Democrática, etc., etc.  En cambio, una verdadera Democracia debe estar sustentada en una Política de Estado para el largo plazo (15 a 25 años), es decir que trascienda a una administración; de manera que no importe el sujeto que gobierna, ya que cualquiera que lo haga debe estar OBLIGADO  a cumplir de manera irrestricta dicha política, y no hacer de su administración un negocio para su partido o los miembros de su banda. Lo correcto es que los ciudadanos elijan una Política, no una persona.

3. “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos?”
Esta pregunta es, nuevamente, engañosa, primero porque no es una sola, o sea que no se puede dar una sola respuesta y, segundo porque, nuevamente, quiere hacer pendejos a los ciudadanos, como paso a demostrar. En efecto, contiene tres preguntas y varios problemas:
3.1. “Reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”. No especifica cómo se lo reestructuraría, lo que deja librada esa acción a la voluntad del Licenciado. Y el problema de la conformación de ese Consejo es que el jefe de la banda anterior intervino perversamente en las organizaciones sociales y populares y las compró, con lo cual realmente quien elegía a las autoridades era dicho jefe de banda. De manera que primero hay que devolver aquellas organizaciones sociales a sus verdaderos dueños, y si se lo hace así, se puede dejar que el Consejo funcione tal como lo estableció la Constitución. Así que la primera pregunta (de las tres) es engañosa.
3.2. “dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros”. Como se indicó en el párrafo anterior, los actuales miembros de ese Consejo son unos simples títeres del anterior jefe de la banda, no son seres humanos auténticos, por lo cual no solamente que deberían ser destituidos sino encarcelados.
3.3.  “Que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde”. Primero, ¿quién nombrará a ese Consejo transitorio? ¿El Licenciado? Segundo y fundamental, esto equivale a prescindir de la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía General del Estado, que son las entidades encargadas de evaluar, fiscalizar, controlar y enjuiciar a las autoridades nombradas por aquel Consejo. Además, quien nombra  a esas autoridades no puede ser juez y parte; si el Consejo las nombró, el mismo es responsable de las actuaciones de sus nombrados y, por lo tanto, si estas deben ir a la cárcel, los miembros del  Consejo también.
En síntesis: a estas tres preguntas, confundidas en una sola, yo respondería: NO. A este problema hay que enfrentarlo de la manera integral indicada.

4. “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes?”
Por supuesto que SÍ, pero, ¿por qué no termina la pregunta con las palabras “delitos sexuales”? ¿O sea que el Licenciado piensa que los delitos sexuales en contra de mujeres maduras, e incluso hombres, deben tener un tratamiento diferente? TODOS los delitos sexuales deben ser juzgados mediante procedimientos sumarísimos, expeditivos (con eficacia y rapidez); y el castigo debe ser ejemplarizador e inmediato, nada de cárcel, yo no descartaría los castigos que se practicaban en el medioevo o la justicia indígena Andina.
     En estos mismos días, después de meses de juicios y averiguaciones, el “profesor” autor de la violación de un niño en el “famosísimo” Colegio de La Condamine, (ahora va a ser famoso por ser reducto de violadores) el mismo que defendió al violador movilizando a padres de familia y profesores; que motivó la intervención de la “primera dama” (denominación estúpida) en defensa del violador; al que auxilió el esposo de la anterior y jefe de la banda gobernante disponiendo que su abogado personal lo defendiese, ha sido condenado de manera definitiva, ¡PERO YA SE FUGÓ DEL PAÍS! Así que el juicio debe ser sumarísimo y el castigo inmediato y definitivo, imposibilitando físicamente al violador a que vuelva a cometer ese delito, y de manera de advertir a posibles futuros violadores lo que les espera.
     De manera que la pregunta está mal formulada y, paradójicamente, es incompleta. Pero no queda más que responder SÍ.

5. “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?”
Pregunta incompleta, falta incluir los territorios de las nacionalidades indígenas y campesinas. Pero mi respuesta será SÍ.

ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS PARA CONSULTA POPULAR
6. “¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como “Ley de Plusvalía?”
Pregunta tramposa, porque hace creer a la gente que toda eliminación de impuestos va en su beneficio, lo cual de ninguna manera es cierto; tan es así que en los países más civilizados del mundo los ciudadanos pagan impuestos altísimos y están la mar de contentos; inclusive en uno de ellos se desarrolló hace poco un referéndum para preguntar a los ciudadanos si deseaban que se rebajaran los impuestos, y la respuesta masiva fue NO. El problema no es que se paguen impuestos, sino que ese dinero no se lo roben los gobernantes. Vamos a ver: si el Estado o Municipio o Consejo Provincial, con el dinero de todos los ciudadanos honrados (porque los deshonestos no pagan impuestos) construye obras de infraestructura o equipamientos sociales, y estas –obviamente- benefician a los particulares produciendo como uno de sus efectos el alza del precio del suelo; el margen del mismo correspondiente a la construcción de esas obras debe revertir al Estado. En cambio, si un ciudadano particular invierte en su propiedad, lo que hace que suba su precio, no hay razón alguna para que pague impuesto sobre la plusvalía. Pongamos otro caso: en un barrio que ya dispone de obras de infraestructura y equipamientos sociales (por lo tanto los vecinos ya pagaron impuestos por ellas), los vecinos mejoran sus viviendas, se derrocan casas de poco o ningún valor para construir edificios con lo que se revalorizan todas las propiedades, el Estado no ha intervenido en nada, por lo tanto no es justo, sino una exacción, el obligar a esos ciudadanos a pagar impuestos sobre la plusvalía. De manera que el tema es complejo y contiene múltiples circunstancias. Formular una sola pregunta simplona sobre un tema tan complejo es tramposo e inmoral. Lo que justifica que mi respuesta sea NO.

7. “¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?”
Primero, ¡la redacción de la pregunta es pésima!
Nuevamente, no se enfrenta el problema sino que se lo maquilla. Veamos: el problema se inició cuando el gamberro jefe de la banda anterior quiso chantajear al mundo pidiéndole dinero a cambio de no explotar el petróleo del Parque Nacional Yasuní. Era un vil chantaje, exactamente igual al que hacían (o hacen) los mafiosos en Nueva York y otras ciudades del mundo al exigir a los comerciantes que paguen dinero a cambio de no destruir sus locales. Es así. La ciencia y el estado actual del ambiente en el mundo, con el cambio climático irreversible, exigen dejar el petróleo, el carbón y el gas en el subsuelo y no extraerlo. De manera que explotarlos es afectar a la vida de todas las especies del Planeta. Pedir dinero para no hacerlo es un vil chantaje. Como el mundo no se sometió al mismo, el gamberro decidió destruir el Parque en su totalidad, con el pretexto de que con el dinero proveniente de la explotación del petróleo iba a terminar con la miseria en el país, la cual más bien se ha expandido, no sólo la miseria material sino la moral. Y afirmo que se procedió a destruir el Parque en su totalidad porque jamás y en ningún sitio ni época los efectos de la explotación del petróleo, del carbón y del gas natural son localizados, no es así, entre construcción de carreteras, oleoductos, derrames y emisiones, el área de destrucción es inmensa. De manera que la actitud correcta es tapar los pozos ya perforados, levantar todas las instalaciones, reforestar toda el área talada y abandonar el Parque para que sea la naturaleza la que se encargue de recuperar el estado natural. No se trata de una hectárea más o una hectárea menos, no, se trata de devolver a la naturaleza y a los pueblos no contactados lo que les pertenece y que se les robó de manera miserable.
Así que, en este caso, toca aplicar la sentencia popular: “del lobo, un pelo”, y responder SÍ.

LAS PREGUNTAS QUE FALTAN
-       ¿Considera usted, ciudadano, que fueron fraudulentos los resultados de las elecciones del 2 de abril del 2017?
-       ¿Está usted de acuerdo con que se utilice su dinero para mantener una guardia de protección a un ciudadano, el Sr. Rafael Correa Delgado?
-       Si su respuesta a la pregunta anterior fue NO, ¿Considera usted que el dinero que estoy empleando en mantener esa guardia debo más bien utilizarlo en protegerle a usted?
-       ¿Considera usted que debo mantener empleados en la Embajada de Bélgica para servicio del ciudadano Rafael Correa?
-       ¿Me autoriza usted, ciudadano, para seguir utilizando su dinero para esconder, alojar y proteger en la Embajada del Ecuador en Londres el ciudadano Julian Assange, reclamado por la justicia de su país, Suecia, para que responda por supuestos delitos sexuales?

Leonardo Miño Garcés. 2018-01-13.

NOTA: El texto de las preguntas fue copiado, mediante Google, de la publicación del Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/estas-son-las-preguntas-oficiales-para-el-referendum-y-consulta-popular-en-ecuador





[1] Todos o casi todos los integrantes de esos movimientos, gracias a su apoyo a Correa lograron que el Estado les “reconozca”, a cada uno, un millón de dólares de indemnización por haberlos perseguido, encarcelado y hecho sufrir, sólo por haber cometido robos, secuestros e incluso asesinatos; delitos supuestamente encaminados a la “liberación nacional”.